Con tono desafiante, el rector de la Universidad Nacional (UNA), Alberto Salom, defendió las manifestaciones de las universidades públicas de la última semana. Además enfiló sus ataques contra la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar.
Esta mañana en conferencia de prensa, el académico aseguró que las protestas en contra el traslado de recursos del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), se generaron por la “decisión arbitraria” de Aguilar.
“Esa arbitrariedad, de la señor Ministra nos metió en problemas. En serios líos. ¿Qué demostramos ayer? Qué se podía utilizar otro camino y llegamos a un feliz encuentro, creo yo”, dijo Salom.
El Rector de la UNA justificó que, según el artículo 85 de la Constitución Política, es potestad de las universidades públicas distribuir el presupuesto, al tiempo que tildó de “histórico” el acuerdo alcanzado.
Según Salom él y los otros integrantes del Consejo Nacional de Rectores (Conare) no impusieron ninguna condición, para la reunión que celebraron la tarde y noche de este miércoles con el mandatario Carlos Alvarado.
Un grupo de estudiantes mantiene un bloqueo en la calle frente a la UNA en Heredia. Fuerza Pública intervino para disolver la afectación al libre tránsito, pero el conflicto se mantiene.
Desde hace más de una semana, las universidades iniciaron la batalla contra Hacienda. La cartera redireccionó ¢70.000 millones del FEES, por medio de una transferencia de capital incluida en el proyecto de Presupuesto 2020.
La medida se conoció desde el 18 de julio, cuando el Conare aceptó el FEES en la Comisión de Enlace del Fondo Especial. Sin embargo ahora alegan que hubo un error de interpretación de Hacienda.
Ayer Presidencia, luego de excluir a Hacienda de la reunión, frenó la instrucción.
La acción de Hacienda no fue un recorte, sino un traslado de recursos. Obligaba a las universidades estatales a usar los ¢70.000 millones en cuestión, en inversión de infraestructura y otras. El objetivo es que no se usaran en gasto corrientes de salarios y más. Así se respetaría la regla fiscal. Pero ahora la medida no aplicará.
La Asamblea Legislativa ya había aprobado un recorte de ¢35.000 millones en el plan de gastos del 2020. Ahora se podrían realizar más cambios, vía mociones de reiteración una vez se discuta en el Plenario.
