El Gobierno del Reino Unido aclaró este lunes que reconoce «inequívocamente» al líder opositor Juan Guaidó como presidente de Venezuela, en detrimento de Nicolás Maduro, una precisión que será clave en el litigio en curso sobre el acceso a los activos venezolanos depositados en Inglaterra.
En una intervención ante el Tribunal Supremo, máxima instancia judicial británica, el asesor jurídico del ministerio de Exteriores de Londres, James Eadie, afirmó que Guaidó «es el único individuo al que se reconoce la autoridad para actuar en nombre de Venezuela como jefe del Estado».
En los documentos tramitados ante el Supremo, el abogado, que hizo una breve declaración verbal, señala que «está claro que solo un presidente y únicamente uno es reconocido», y sostiene que «no es ambigua» una declaración en ese sentido emitida por el ministerio de Asuntos Exteriores el 4 de febrero de 2019.
En esa declaración, el ministerio reconocía a Guaidó como «presidente constitucional interino de Venezuela» hasta que se celebren elecciones «creíbles», lo que los abogados del bando del presidente venezolano Nicolás Maduro consideran que puede significar que se reconoce a Guaidó de «iure» (por derecho) pero no «de facto» (de hecho), puesto que, en la práctica, no controla las instituciones del país.
QUIÉN PUEDE ACCEDER AL ORO
En el proceso actual, que se celebra hasta el miércoles, el Supremo debe determinar a quién reconoce el Ejecutivo británico como gobernante a todos los efectos de Venezuela. En caso de que concluya que es a Guaidó, ha de decidir si tiene potestad para investigar sus nombramientos políticos en ese país, puesto que han sido invalidados por la Justicia venezolana.
El dictamen del Supremo, que se conocerá más adelante, es necesario para que después el Tribunal Superior pueda autorizar el acceso a las reservas de oro custodiadas por el Banco de Inglaterra, valoradas en 1.600 millones de euros (o 1.900 millones de dólares), así como a 120 millones de dólares resultado de una permuta de oro ejecutada por Deutsche Bank.
La junta del Banco Central de Venezuela (BCV) designada por Maduro, presidida por Calixto Ortega, quiere acceder a esos activos para financiar mediante la ONU la lucha contra la covid-19, pero la junta «ad hoc» del BCV nombrada por Guaidó trata de impedirlo.
Precisamente, el Supremo estudia un recurso elevado por la junta «ad hoc» de Guaidó, que pide que se anule un fallo desfavorable emitido el pasado 5 de octubre por el Tribunal de Apelaciones.
Este tribunal invalidó un fallo del 2 de julio de 2020 del Superior, que otorgaba al equipo del dirigente opositor la autoridad sobre los activos depositados en Inglaterra.
EL ENTRAMADO LEGAL
La sesión de hoy estuvo centrada en la exposición de Timothy Otty, abogado del bando de Guaidó, que dijo que este es quien debe poder acceder a los activos debido a que el ministerio de Exteriores británico lo reconoció como jefe del Estado venezolano en su declaración de 2019.
En línea con el asesor del ministerio, Otty rechazó la posición del abogado de la junta del BCV de Maduro, Nick Vineall, que afirma que esa declaración gubernamental fue «ambigua» y señala que, en la práctica, Londres mantiene relaciones diplomáticas con la Administración de Maduro.
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Tanto el bando de Guaidó como el Ejecutivo de Londres arguyen que la Justicia británica debe dar por buena la declaración del Gobierno sobre Guaidó en virtud de la doctrina de «una sola voz», que conmina a las instituciones del Estado a actuar unitariamente en política exterior.
También sostienen que, al amparo de la doctrina sobre Actos de un estado foráneo, el tribunal no tiene potestad para investigar si los nombramientos en territorio venezolano de Guaidó en su presunto cargo de jefe del Estado son o no legales, al amparo de la legislación de ese país.
Vineall mantiene, por contra, que la Justicia británica sí debe tener en cuenta que tanto el cargo que dice ostentar Guaidó, que no se presentó a las elecciones venezolanas de diciembre de 2020, como sus actos y nombramientos políticos, entre ellos a la junta «ad hoc» del BCV, han sido invalidados por el Tribunal Supremo de Caracas.
Fuente: EFE
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