Nasser Al Khelaifi, presidente del grupo televisivo beIN Media y del París Saint Germain -donde milita el portero costarricense Keylor Navas-, fue acusado este jueves en un caso de corrupción relacionado con la asignación de derechos televisivos del Mundial de fútbol, aunque la justicia suiza solo mantiene contra él la acusación de “instigación a gestión desleal”.
Perseguido “en el contexto de la atribución de derechos mediáticos de diferentes Copas del Mundo de fútbol y Copas Confederaciones de la FIFA”, el dirigente catarí ha llegado a un acuerdo amistoso con la FIFA, quien por tanto retiró su denuncia por corrupción en su contra, hizo saber la oficina del fiscal general suizo (MPC).
De su lado, Jérôme Valcke, exnúmero dos de la FIFA, fue acusado en el mismo caso por “corrupción pasiva, gestión desleal múltiple y falsificación de documentos”.
Al Khelaifi y un tercer hombre, activo en el mundo de los derechos deportivos pero cuyo nombre no ha sido desvelado por la justicia suiza, están acusados de “instigación a la gestión desleal cometida” por el exsecretario general de la FIFA. Ese tercer hombre también está acusado de “corrupción activa”.
Para el abogado suizo de Al Khelaifi, Grégoire Mangeat, contactado por la AFP, “lo más importante es que todas las acusaciones de corrupción privada relativas a la concesión de los derechos televisivos han sido abandonadas (contra su cliente). Estas acusaciones, rebatidas desde el primer día, no eran sólidas”.
“Estoy satisfecho de que todas las acusaciones de corrupción en relación con las Copas del Mundo de 2026 y 2030 hayan sido abandonadas”, reaccionó Al Khelaifi en un comunicado.
“Aunque sigue habiendo una segunda acusación técnica, estoy convencido de que se demostrará que no tiene fundamento”, añadió el presidente del PSG.
Villa en Cerdeña
“Estamos confiados y defenderemos la absolución total de nuestro cliente”, añadió Mangeat.
En otro caso gestionado por la justicia francesa, Nasser Al Khelaifi fue acusado en mayo de 2019 por “corrupción activa”, en la investigación sobre sospechas de corrupción al margen de las candidaturas de Doha a los Mundiales de atletismo de 2017 y 2019.
Según el MPC, Jérôme Valcke, exbrazo derecho de Joseph Blatter, utilizó, entre 2013 y 2015, su influencia como secretario general de la FIFA “para influir en favor de socios mediáticos de su preferencia en los procesos de asignación de derechos televisivos, para Italia y Grecia, de varias Copas del Mundo de fútbol y Copas Confederaciones de la FIFA en el periodo de 2018 a 2030”.
La investigación, explica el MPC, desveló que Valcke obtuvo beneficios indebidos de los dos coacusados. El exnúmero dos de la FIFA también logró, según la justicia suiza, el reembolso de un depósito de cerca de 500.000 euros que había transferido a terceros por una villa en Cerdeña, luego de la compra de la villa por Al Khelaifi, a través de una sociedad.
Valcke luego obtuvo de Al Khelaifi el derecho de disfrute exclusivo de la villa por un periodo de 18 meses en total -hasta su suspensión de la FIFA- sin tener que pagar su alquiler, estimado entre 900.000 y 1,8 millones de euros.
Además, Valcke, suspendido 10 años por la FIFA por otros actos de corrupción, recibió del tercer hombre tres pagos por un valor total de 1,25 millones de euros a su empresa Sportunited Sarl.
Clasificación parcial
El MPC acusa a Valcke de haberse “enriquecido de manera ilegal” y de no haber anunciado los “beneficios” recibidos a la FIFA, “comportándose así de manera contraria a sus deberes en el marco de su actividad como secretario general” de la organización.
Este proceso penal se inició en marzo de 2017, sobre la base de una denuncia penal presentada por la FIFA en diciembre de 2016 por corrupción privada contra los tres acusados. Pero el MPC anunció también este jueves “la clasificación parcial” del proceso luego de “la retirada parcial de la denuncia de la FIFA”.
La FIFA informó al MPC a finales de enero de 2020 que había llegado con Al Khelaifi a “un acuerdo amistoso” respecto a las acusaciones de corrupción activa y pasiva entre el dirigente catarí y Valcke en relación con las Copas del Mundo de fútbol 2026 y 2030, sin que trascendieran detalles sobre este acuerdo.
“La corrupción de personas privadas es en este caso concreto un delito procesado por denuncia, la retirada de la denuncia penal tiene la consecuencia de que ya no se cumple una condición para el enjuiciamiento penal de este delito”, precisó el MPC.
