La Contraloría General de la República publicó una auditoría de carácter especial que señala varias carencias en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2020, del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), entre ellas la falta de un Plan Nacional de Lucha contra la pobreza que permita establecer objetivos y priorizar el uso de recursos.
“Este Órgano Contralor determinó que no existe una política general formalizada y un Plan Nacional de Lucha contra la pobreza, conforme su mandato legal, como insumos para orientar sus objetivos estratégicos en el largo plazo y la ausencia de diagnósticos regionales para establecer sus prioridades y el uso de los recursos”.
Así lo indica el informe DFOE-SOC-IF-00016-2019 el cual tenía como objetivo evaluar el proceso de planificación estratégica de la institución. Esto, con el propósito de verificar si la entidad logró los resultados esperados entre el 1 de enero del 2017 al 31 de julio del 2019.
Además de la carencia de una hoja de ruta para ayudar a las familias de bajos recursos, el informe encontró que “la formulación e implementación de la estrategia, y el seguimiento y su evaluación” incumplió con la normativa aplicable.
Esta situación generó un rezago en el alcance de las metas que superó las dos terceras partes. En total, el PEI 2017-2020 alcanzó un avance del 32% en las metas propuestas.
Falta de Plan Nacional
Dado que el IMAS es la institución encargada de definir estrategias y acciones para resolver el problema de la pobreza extrema en el país. Entre sus responsabilidades están el priorizar la asignación de recursos y el facilitar la toma de decisiones.
El 3 de junio del 2015 se publicó el decreto 38954-MTSS-MDHIS-MIDEPLAN el cual estableció la Estrategia Puente al Desarrollo, como parte de un Plan Nacional de Desarrollo con el propósito de incidir en la reducción de la pobreza extrema y la desigualdad social.
A pesar de ello, el ente contralor determinó que “no existe una política general del IMAS formalizada y un Plan Nacional de Lucha contra la pobreza, conforme su mandato legal, como insumos para orientar sus objetivos estratégicos en el largo plazo”.
“La Ley de Creación del IMAS le establece (…) resolver el problema de la pobreza extrema en el país, para lo cual deberá planear, dirigir, ejecutar y controlar un plan nacional destinado a dicho fin y le atribuye formular la política general del IMAS y aprobar dicho Plan Nacional”, agrega el reporte.
El plan “Puente al Desarrollo” se estableció como un mecanismo de articulación de los programas, proyectos y acciones que buscan garantizar el efectivo derecho de acceso a los bienes, servicios y productos, que las instituciones y organizaciones públicas y privadas ofrecen a personas en condición de pobreza.
“Se debe aclarar que la institución formula sus planes en función de los Objetivos de Milenio, el Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas (Pndip) y aquellos Planes o Políticas de Carácter Social que cada una de las Administraciones desarrolla en el Sector Social”, explica el informe.
La Contraloría señaló que la Estrategia Nacional Puente al Desarrollo (ENPD) fue establecido como un abordaje integral que permite la reducción de la pobreza extrema. No obstante, el IMAS no aportó documentación que respalde el referido Plan Nacional de Lucha contra la pobreza.
“En consecuencia, la ausencia de la política general del IMAS, debidamente formalizada y un Plan Nacional de Lucha contra la pobreza extrema, impiden contar con un marco orientador institucional en el largo plazo”.
Por ende, esto “dificulta la definición de las estrategias para la formulación de los diferentes planes institucionales de mediano y corto plazo y podría desorientar la gestión que ejecutan los funcionarios, ante la falta de claridad del rumbo que el IMAS pretende alcanzar”, determinó el informe.
Otras carencias
La auditoría también halló otros carencias. Por ejemplo, el Plan Estratégico Institucional 2017-2020 “se visualiza un PEI sin orientación al valor público en la atención de las personas y familias en condición de pobreza extrema”.
Esto quiere decir que falta claridad para desarrollar servicios de calidad tendientes a satisfacer las necesidades y expectativas de la población objetivo.
“Sin una estrategia clara, es difícil que una organización independientemente de su naturaleza, avance de manera coherente y progresiva hacia su propio desarrollo, dado a que esta constituye una herramienta de gestión orientada a controlar las acciones y recursos utilizados en la consecución de los objetivos”.
El ente contralor también indicó que el Plan de Acción del PEI se estructuró en siete áreas temáticas pero que no obedecen a la estructura administrativa del IMAS, sino que “representan espacios de gestión y acción dominantes en la institución”. Estas categorías son:
- Planificación
- Desarrollo y Gestión de Capital Humano
- Modelo de Intervención
- Inclusión, Diversidad y Política Axiológica
- Modernización y Desarrollo Tecnología
- Financiera y Plurianualidad
- Comunicación y Responsabilidad Social
“En consecuencia, se generaron planes de acción sin enfoque estratégico y con acciones más bien operativas, que no buscan generar cambios sociales en forma sostenible en beneficio de la población meta.
“Sino más bien relativas al posicionamiento institucional, en la mayoría de los planes, a excepción del plan de acción del área temática “Modelo de Intervención”, que logró cumplir solo con el 27% de sus metas planteadas, de acuerdo con el Informe de Evaluación 2018 del PEI”, agrega la auditoría.
La Contraloría añadió que encontró debilidades en algunos aspectos básicos para la formulación del Plan Estratégico Institucional y en los planes de acción, que no cumplieron con los criterios de evaluación.
Entre ellos, que el periodo de vigencia fue de cuatro años cuando el marco normativo establece un periodo mínimo de cinco años. También que el PEI permite vincular las metas establecidas para el IMAS, en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, así como en otras hojas de ruta.
“Los planes de acción del PEI 2017-2020 no fueron alineados con los objetivos y las estrategias institucionales definidos, a efecto de garantizar la vinculación que responda a la visión y misión de la institución”, explicó el ente.
Además, determinó que existen debilidades en los controles para el seguimiento y evaluación del plan.
Esto significa que la institución careció de acciones específicas de control, con la finalidad de que el proceso de seguimiento y evaluación del PEI fuera ejecutado de manera oportuna, a pesar de que los instrumentos para su evaluación estaban estipulados en el proyecto.
El ente contralor establece una serie de disposiciones al final de su auditoría. Entre ellas, le da un año de plazo, al 18 de diciembre del 2020, al presidente ejecutivo del IMAS, Juan Luis Bermúdez, para implementar un Plan de Lucha contra la pobreza.
