El Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE) denunció penalmente a la presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel. Por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y falsedad ideológica.
Durante una conferencia de prensa, los dirigentes de la agrupación de trabajadores y su cuerpo legal acusaron a Esquivel de anteponer intereses privados y políticos al bienestar de la institución que, por ley, debe resguardar.
“Lamentablemente la actual presidenta ha dejado de lado los criterios técnicos jurídicos para interponer los políticos.
“Desde el ala femenina de la CCSS le pedimos a doña Marta Esquivel que realice el acto más valiente para una mujer como es pensar. Por sí misma, y en voz alta”, aseveró Amalia Benavides, representante los trabajadores ante la junta directiva.
La acusación contra la exministra se sustenta precisamente en el criterio que firmó en 2018. Cuando era magistrada suplente de la Sala Constitucional.
En esa oportunidad, en medio de la discusión de la reforma fiscal. Los magistrados le indicaron a los diputados que la CCSS gozaba de total autonomía y que no era sujeto de la regla fiscal ni de las injerencias del Poder Ejecutivo.
Sin embargo, semanas atrás, la propia Esquivel afirmó en un video que el cuestionado ajuste salarial y pago retroactivo de la Caja debía ser revisado para ver si no vulneraba el cumplimiento de la regla ni amenazaba las finanzas públicas.
“Lo curioso es que en esa oportunidad (2018) doña Marta sí se apegó a los criterios constitucionales que le permitieron a la CCSS, hasta hace unas semanas, no tener ninguna injerencia ante el Poder Ejecutivo.
“Ella no es ninguna funcionaria pública de cualquier otro ministerio, ella es presidenta ejecutiva de la institución, no es ninguna ministra, su papel y función la llaman y obligan a respaldar a los seguros de salud y pensiones y cuidar a la CCSS de cualquier injerencia política, pero ella desde su primer día como presidenta llega con un objetivo y una finalidad que es que el ajuste y el pago retroactivo no se lleven a cabo”, añadió el secretario general de SINAE, Lenin Hernández.
Esa contradicción, según el sindicato. Es una clara falsedad ideológica y la posición de Esquivel representa un incumplimiento al deber que la ley constitutiva de la CCSS le ordena.
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Hernández, además, cuestionó si realmente las decisiones de Esquivel se respaldan en una preocupación real por las finanzas públicas.
“Si doña Marta Esquivel está tan preocupada por las finanzas públicas, no habría aceptado el pago retroactivo de ₡7 millones como ministra de Trabajo. Es parte de la inconsecuencia con los costarricenses que ha tenido el Ejecutivo”, finalizó.
Con información de / Cr Hoy
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