Luego de la maratónica comparecencia del nuevo ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, en la Asamblea Legislativa para explicar la crítica situación que atraviesa el país, la contralora general Marta Acosta Zúñiga envió una carta a cada uno de los 57 diputados.
En el documento aclara una serie de diferencias de criterio emitidos por el jerarca de la cartera hacendaria en materia de aplicación de la regla fiscal, contemplada en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (LFFP).
En su nota la contralora es enfática al indicar que la entidad que lidera ha aplicado la ley a fin de garantizar la sostenibilidad y fortalecimiento de las finanzas públicas, tal como se reseña desde el proceso de discusión y aprobación de la normativa.
En el texto que circula en la Asamblea Legislativa, Acosta asegura que el planteamiento esbozado por el ministro de Hacienda, en el sentido de que la regla fiscal debe aplicarse al presupuesto aprobado y no al devengado (o ejecutado), es contrario a lo que pretende la LFFP.
“No podemos omitir que la regla fiscal con la base que establece la ley y que es la base que aplicará la Contraloría genera una mayor restricción al gasto en el Gobierno Central, contrario a la base que pretende el Ministerio de Hacienda sea aplicada”, reseña la jerarca en la misiva.
CONSECUENCIAS
A esto enfatiza que “la interpretación que hace el Ministerio favorece en sus consecuencias una situación que es contraria al espíritu y al texto de la ley, que precisamente es de contención del gasto corriente para procurar la sostenibilidad de la deuda del gobierno. Además, no considera posibles efectos en la institucionalidad fuera del Gobierno Central”.
Acosta recalca la que la Contraloría no hace una interpretación arbitraria de la ley, sino que se apega a lo señalado por los legisladores sobre el tema.
“El Ministerio de Hacienda no acepta que la base de cálculo de la regla fiscal para verificar su cumplimiento sea el presupuesto devengado (ejecutado) del año que se evalúa, tal y como establece la ley, argumentando situaciones que no han sido demostradas con cifras o por lo menos que esta Contraloría desconoce. Por el contrario, con información emanada de ese Ministerio a esta Contraloría hemos podido calcular que podría cumplirse, de existir el compromiso, con la regla fiscal sobre la base de cálculo que definió la ley”, manifestó.
Adujo que, de existir alguna duda por parte de algunos de los congresistas en cuanto a la literalidad de la ley, eso debería ser discutido en el propio seno del primer Poder de la República lo más pronto posible.
Esto “por cuanto le corresponde a esta Contraloría la verificación de la aplicación de la regla fiscal. Por otra parte, si existen diferentes proyecciones a las que en su oportunidad fueron remitidas por el Ministerio de Hacienda a esta Contraloría o si existiese circunstancias sustentadas que generen situaciones adversas al país al verificar la regla fiscal, es imperioso que estas sean presentadas por parte de ese Ministerio a los señores y señoras diputadas para su valoración y toma de decisiones respecto a la Ley 9.635”.
