En el Sindicato de la Salud y Seguridad Social (SISSS) pidieron a la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) anular el acuerdo sobre obedecer lo indicado por la Contraloría General de la República cuando indicaron que los acuerdos firmados el 20 de febrero y el 12 de agosto) no tenían ninguna validez.
Esto respecto a la Ley No.9635, de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. La petición de la organización sindical se hizo el 6 de noviembre mediante el oficio SG-SISSS-1588-19, donde además señala que se hizo caso omiso a criterios institucionales, legales, jurisprudenciales y constitucionales.
Carlos Gómez, secretario general del SISSS, explicó que el acuerdo del 20 de febrero es legal, tomando en consideración que el primer decreto sobre la ley decía que las disposiciones del reglamento no tendrían efecto retroactivo y se respetarían los derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas previo a la entrada en vigencia de la reforma fiscal.
Sumado a ello, el correo de “amigas” entre la Dirección Jurídica de la CCSS y la Asesoría Jurídica del Ministerio de Planificación (Mideplan), que DIARIO EXTRA dio a conocer.
El correo decía: “(…) lo que se ha acordado es que todos los trabajadores activos al 3 de diciembre del 2018 ‘arrastren sus anualidades viejas y la forma de revalorización porcentual de las mismas’ y para efecto de las anualidades nuevas, que se van adquiriendo después del 4 de diciembre, procede el reconocimiento de un monto nominal, aplicando un 1,94% para los profesionales y un 2,54% para no profesionales (…)”.
“Sin lugar a duda los acuerdos suscritos el 20 de febrero de 2019 son totalmente ajustados a derecho y legítimos, en concordancia con lo establecido en la Ley No.9635”, señaló Gómez.
Otras de las peticiones del SISSS es que se pague los beneficios adquiridos por los funcionarios, según se estableció en el documento firmado en febrero anterior, y que se reintegren los posibles daños patrimoniales causados a los trabajadores de la CCSS.
La agrupación sindical recordó que la exigencia de la Contraloría a la CCSS (oficio DFOE-SOC-0907) se llevó a cabo por medio de funcionarios de menor rango que la contralora Martha Acosta, quien ni siquiera refrendó, motivo por el cual ponen en duda su competencia y legitimidad, tomando en consideración las gravísimas consecuencias que ha generado a los salarios, derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas de más de 56.000 trabajadores de la institución rectora de la seguridad social.
