Solo una décima parte de las 34.446 solicitudes de refugio que se recibieron en el presente año, cuenta ya con una resolución en firme.
De esas peticiones, 229 se reconocieron mientras que 3.276 se denegaron, según estadísticas proporcionadas a El Observador por la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME). Los datos tienen cierre al 11 de noviembre de 2019.
La solicitud de protección internacional la puede realizar cualquier persona que se sienta perseguida en su nación de origen, situación que impide su regreso a esta.
Este año, Costa Rica recibió una cantidad récord de peticiones, marcada por la crisis socio-política de Nicaragua. De hecho, en el último lustro la cifra de solicitantes creció 15 veces a raíz del conflicto pinolero, así como la inestabilidad humanitaria de Venezuela.
Lo anterior saturó el estudio de los trámites en la Unidad de Refugio de la Dirección General, que es la oficina en la que se inicia el proceso de protección internacional.
Ahí, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) apoya a la oficina con 33 personas y el alquiler de un edificio en la Uruca, San José.
Dicho colapso también le pasa factura al Tribunal Administrativo Migratorio (TAM), órgano que funge como la etapa definitoria de una petición de refugio.
En ese espacio, el solo hecho de recibir el 10% de las solicitudes reportadas en lo que va del año, involucra recibir más expedientes de la totalidad de resoluciones emitidas desde la creación del ente en 2011.
Reclamo internacional
El 5 de diciembre de 2019, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, instó al país a agilizar los pedidos de refugio.
La expresidenta chilena reconoció los esfuerzos de Costa Rica por dar asilo a los solicitantes de protección internacional, pero urgió por una aceleración de los procesos.
Cada una de las peticiones realizadas debe ser analizada por la Unidad de Refugio. A partir de hay, a quien pide el refugio se le dará un carné con el que podrá accesar a los servicios estatales, como la educación o la salud.
Como parte del trámite, en esa oficina se hace una validación de los hechos que el solicitante alegó al pedir la refugio, con diversas fuentes de información y relatos.
Terminada esa etapa, la Unidad de Refugio emite una recomendación positiva o negativa.
Posteriormente, el caso pasa a discutirse en la Comisión de Visas Restringidas y Refugio, integrada por los ministerios de Relaciones Exteriores, Seguridad y Trabajo.
Si ese foro la acoge, entonces se hace una resolución que se le comunica a la persona para que luego tramite la obtención de un Documento de Identidad Migratoria para Extranjeros (Dimex), que le da al interesado la posibilidad de trabajar.
Caso contrario, el solicitante puede presentar una revocatoria, que obliga a la comisión a estudiar de nuevo la solicitud. Si se mantiene la denegatoria, el solicitante puede interponer como última instancia una apelación ante el Tribunal Administrativo Migratorio.
En promedio, se tarda aproximadamente dos años en conseguir una resolución en firme.
Tasa de resolución
El encargado de la Unidad de Refugio, Allan Rodríguez, reconoció a este medio que a lo interno se tiene una mora en los análisis de las solicitudes.
La misma incrementó con las abruptas variaciones sufridas en los últimos dos años.
Como solución, la oficina de la Dirección de Migración dividió su personal para que una parte se dedique a estudiar las peticiones hechas por nicaragüenses que encajen con al menos uno de los siguientes perfiles:
- Defensores de derechos humanos
- Líderes comunales o campesinos
- Periodistas
El resto del personal analiza las solicitudes de las demás nacionalidades.
«Si bien es cierto, el soporte que ha venido dando la cooperación internacional resulta fundamental para lo que se está haciendo hoy, pero falta mucho más apoyo y contribución de la comunidad internacional. Es un tema de capacidades», resaltó el vocero.
Rodríguez destacó la comunicación sostenida por la Dirección General de Migración con el presidente Carlos Alvarado, para buscar atraer nuevos recursos para que la administración pueda atender las necesidades de los solicitantes de refugio.
En la misma vía se manifestó — por escrito, ante las consultas de El Observador — la presidenta del Tribunal Administrativo Migratorio, Gabriela Richard.
«Ante la gran cantidad de solicitudes, la primera instancia (la Comisión de Visas Restringidas y Refugio) se ha visto afectada considerablemente para resolver en tiempo los recursos de revocatoria y esto ha generado que los expedientes que tienen que llegar al Tribunal Administrativo Migratorio no fluyan tan rápido», explicó la funcionaria.
Richard aseguró que «indudablemente», el órgano sufrirá en su capacidad operativa e institucional a partir del 2020, cuando comiencen a discutirse el grueso de las solicitudes de refugio de 2018 y 2019.
El mandatario Alvarado solicitará mayor cooperación internacional durante su participación en el Foro Mundial sobre Refugiados, a celebrarse entre el 16 y 18 de diciembre próximos, en Ginebra, Suiza.
Vía – Elobservadorcr
