La cifra de muertos subió a 23 tras cinco semanas del inicio del estallido social en Chile, donde los incendios, saqueos y manifestaciones no ceden en varias ciudades, y ninguna medida ni acuerdo político logra aplacar la violencia.
La última víctima es un menor de 13 años que falleció «en un atropello por un furgón (camioneta) en el contexto de manifestaciones» en la ciudad de Arica (unos 2.800 km al norte de Santiago. Un adulto que lo acompañaba resultó herido y el conductor del vehículo fue detenido, informó este viernes la Subsecretaría del Interior.
Desde el 18 de octubre, cuando protestas por la suba del boleto de metro derivaron en demandas más amplias y la peor crisis social en tres décadas de democracia, han muerto 23 personas, mientras que más de 2.000 resultaron heridas. El balance incluye más de 200 personas que sufrieron lesiones oculares graves producto de disparos de balines de la Policía.
Miles de personas se volvieron a reunir esta jornada en plaza Italia -epicentro de las manifestaciones en Santiago- en la quinta «marcha más grande de Chile», que ha logrado convocatorias masivas cada viernes desde que estalló la convulsión social.
«No podemos bajar los brazos. Hay que seguir manifestándose porque no hemos conseguido nada, porque sigue la represión y además (el gobierno) sigue firmando acuerdos truchos (falsos) como el acuerdo por la paz», dijo a la AFP Claudia Ortolani, una joven manifestante.
En los alrededores, encapuchados se enfrentaron a la policía, que dispersó a la turba con gases lacrimógenos y carros lanza agua, constató la AFP.
En tanto, cerca de un centenar de personas protestaban fuera del centro comercial Costanera Center, el más grande de Sudamérica, en el exclusivo barrio de Providencia, mientras una veintena de agentes antidisturbios resguardaba el ingreso al edificio.
La Policía se comprometió a no utilizar balines o perdigones, pero el jueves un camarógrafo resultó herido y esta institución reconoció que «existe una alta probabilidad» de que haya sido con escopeta antidisturbios.
– Violencia no cesa –
En los últimos días las manifestaciones callejeras no han sido masivas, pero focos de violencia se intensificaron en Santiago y comunas periféricas, cuyos habitantes vivieron el jueves otra noche de horror.
La violencia había disminuido tras el acuerdo que el Congreso alcanzó hace una semana para elaborar una nueva Constitución, pero su recrudecimiento llevó al gobierno a volver a pedir calma.
Chilean Presidency/AFP / Marcelo SEGURAFoto de archivo difundida de la Presidencia de Chile del nuevo Ministro del Interior y Seguridad Pública de Chile, Gonzalo Blumel, durante la toma de posesión de ocho nuevos ministros nombrados después de una remodelación del gabinete, en la casa de gobierno en Santiago, el 28 de octubre de 2019.
El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, hizo un llamado «profundo y sincero a todas las fuerzas políticas» en busca de «paz».
En Quilicura, al norte de Santiago, un centro comercial fue incendiado y saqueado por una muchedumbre mientras que en Puente Alto, otro sector periférico de clase trabajadora, fueron atacados una gasolinera, locales comerciales y un cuartel policial.
AFP / FRANCESCO DEGASPERILos bomberos ayudan a los manifestantes después de que un coche atropellara a personas que protestaban contra el gobierno de Sebastián Piñera en Antofagasta, Chile, el 21 de noviembre de 2019.
En la ciudad de Antofagasta (norte) un automovilista hirió a cinco personas al embestir contra una concentración y un supermercado fue saqueado.
En el puerto de Valparaíso y la ciudad de Viña del Mar (centro) también se registraron saqueos, barricadas e incendios, al igual que en Concepción (sur).
«Esta situación de anormalidad absoluta también afecta la oferta nuestra para hacernos cargo», reconoció el general de Carabineros, Enrique Basseletti, tras quejas de vecinos que no ven policías en las calles.
El ministro Blumel anunció que se adelantará el egreso de 2.500 aspirantes a policías para sumarse al resguardo.
– Desorden público –
Controlar el orden público y avanzar en las reformas sociales que respondan a las demandas de la calle es el principal desafío del presidente Sebastián Piñera.
AFP/Archivos / Johan ORDONEZManifestantes marchan frente al palacio presidencial de la Moneda durante una protesta contra el gobierno en Santiago el 21 de noviembre de 2019.
En los primeros nueve días tras el estallido social, el mandatario sacó a los militares a las calles y decretó toque de queda. Pero ahora la policía, fuertemente cuestionada, es la única que está a cargo del control.
He tratado de «compatibilizar el orden público con los derechos humanos y compatibilizar las demandas sociales con mantener sana nuestra economía. No ha sido fácil», reconoció el jueves Piñera.
Según el gobierno, detrás de los ataques más violentos -sobre todo en barrios periféricos- están «barras bravas del fútbol relacionadas con el narcotráfico y la delincuencia más dura», dijo a radio Cooperativa la portavoz oficial Karla Rubilar.
AFP/Archivos / Martin BERNETTIManifestantes marchan frente al palacio presidencial de la Moneda durante una protesta contra el gobierno en Santiago el 21 de noviembre de 2019.
Amnistía Internacional denunció una política deliberada para castigar a manifestantes, pero el Gobierno rechazó «categóricamente» el informe.
Las Fuerzas Armadas también lo rechazaron en una polémica declaración conjunta que, según políticos de oposición, sobrepasó el principio de no deliberación.
«Las Fuerzas Armadas tiene pleno derecho a defenderse. No hay ningún acto de deliberación», defendió el ministro de Defensa, Alberto Espina.
Por su parte, un equipo enviado por la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, concluyó su investigación sobre las denuncias de vulneraciones y entregará un informe dentro de tres semanas en base a reuniones con autoridades, representantes de organizaciones humanitarias y testimonios de 230 heridos en protestas (entre civiles y uniformados), «muchos de ellos perturbadores», indicó un comunicado del organismo.
Vía – AFP
