La Corte Suprema de Justicia registró una considerable mejora en el trámite de los procesos penales en los últimos tres años.
Resolver un caso en esa materia pasó de promediar una duración de 24 meses en 2016, a 13 meses en el 2019; o sea, la mitad.
Ello a pesar de que a los órganos jurisdiccionales entraron 819 trámites más que al inicio del periodo en cuestión, que representa un incremento del 6%.
La variación en los registros obedece a la implementación del Programa de Mejora Integral del Proceso Penal. Este es un proyecto que fue incluido en el acuerdo 41 del 30 de octubre de 2017, tomado por la Corte Plena.
El mismo consiste en una articulación entre la judicatura, el Ministerio Público, la Defensa Pública y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en aras de una mayor celeridad en la resolución de los casos, así como el aprovechamiento más apropiado de los recursos.
Dicho plan se compone de tres fases: planificación (donde se desarrolla el modelo de oficinas e instrumentos que se utilizarán), implementación y seguimiento.
El coordinador de la Unidad del Proyecto de Rediseño de Procesos del Modelo Penal, Jorge Rodríguez, indicó en una exposición el 17 de diciembre de 2019, que para ese momento ya se habían puesto en marcha los planes de trabajo de 19 tribunales en la materia, y que se procura ahora estandarizar las formas en las que procederán los juzgados penales, los de ejecución de la pena; además de los tribunales de juicio, de flagrancia y de apelación.
Asimismo, el ingeniero de la Dirección de Planificación señaló que se está en proceso de implementación de herramientas electrónicas, así como de indicadores de gestión.
Calidad de sentencias se mantuvo; circulante disminuyó
La disminución en el tiempo de resolución de procesos penales derivó en un crecimiento de la cantidad de sentencias emitidas.
Estas pasaron de 10.706 en 2016 a 13.463 en 2019, de acuerdo con cifras utilizadas en la presentación del Informe de Avances y Logros de la Administración de Justicia de este año.
La variación representa un alza de un 31%, sin que esto afectara la calidad de las resoluciones: esto último en el tanto que se bajó (en un 1%) la proporción de sentencias anulada o modificadas por un tribunal de apelación, en comparación con las dictadas por un juzgado de primera instancia.
Rodríguez añadió en este punto que también fue posible sostener la tendencia de cómo se que acaban las sentencias, pues el 68% resulta en una condenatoria, mientras que el 32% en una absolutoria.
«Hoy tenemos una materia penal más eficiente a través de la aplicación de este proyecto de Mejora Integral», afirmó el funcionario.
Las cifras, a su vez, mostraron una mejora del 29% en la cantidad de asuntos terminados, al pasar 12.232 a 15.758.
Consecuentemente, los registros impactaron la mora existente la Corte Suprema de Justicia, que logró disminuir de 21.954 a 18.115, o sea, un 17% en tres años.
«Para la persona usuaria es fundamental que su asunto, que está en un tribunal de juicio, tenga menor tiempo de respuesta y mayor productividad», indicó Rodríguez.
«Podemos profundizar con los recursos que tenemos»
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, destacó los avances conseguidos en la celeridad con la que se tramitan los procesos penales.
No obstante, el magistrado recordó que una vez en la gestión de los casos, hay abogados que incurren en prácticas dilatorias para ralentizar los procedimientos a conveniencia.
Asimismo, consideró un desafío estructural la coordinación de las agendas de los defensores legales, a la ahora de fijar una audiencia.
«Si hay tres o cuatro defensores, es muy probable que alguno de los defensores, cuando ya se quiere hacer el juicio, tiene otro debate, entonces no puede asistir», señaló Cruz.
Para setiembre de 2019, se tenía que todos los juzgados penales del país lograban fijar el señalamiento de una audiencia en un plazo inferior a seis meses.
Sin embargo, cuando le corresponde a un tribunal, el asunto cambia. Si se trata de un tribunal unipersonal, se tiene que solo 10 (un 40% del total), posee tiempos por debajo del semestre. Pero si se va los tribunales colegiados, la problemática se agudiza, ya que solo 7 de estos órganos (un 27% del total) tiene plazos inferiores al año.
En criterio del jerarca, lo anterior se «agrava» si se toma en consideración el momento que atraviesan las finanzas públicas.
«Yo lo que creo es que podemos profundizar con los recursos que tenemos, una mayor aceleración y una mayor rendición de cuentas. Pero es cierto que tenemos una estrechez. Pero no todo sería creación de plazas. También podemos buscar otras fórmulas», aseguró.
