El Tribunal Supremo de Elecciones puso en jaque el proyecto de ley que pretende limitar la reelección continua de alcaldes en Costa Rica.
El tribunal advirtió a los diputados problemas de fondo y forma en el expediente y comunicó su rechazo hasta tanto no se resuelvan ambos.
En primer lugar, los magistrados opinan que limitar a los alcaldes reelectos la posibilidad de optar por otro puesto del régimen municipal resultaría una violación a sus derechos constitucionales.
El texto consultado establece que, luego de dos mandatos consecutivos, los alcaldes e intendentes deben abandonar los gobiernos locales; mientras que síndicos, regidores, vicealcaldes o viceintendentes sí podrían optar por mantenerse, pero en puestos diferentes.
El otro punto es que la ley establece que las reformas al Código Electoral deben realizarse al menos seis meses antes de una elección popular.
En ese sentido, la interpretación de los diputados es que al tratarse de una reforma al Código Municipal; la venidera elección presidencial no debería ser el parámetro de referencia, sino la municipal de 2024.
El liberacionista Carlos Ricardo Benavides precisó que, ante los señalamientos del TSE; el Plenario podría decidir devolver el texto a comisión o reformarlo dentro del Pleno; pero ambos caminos suponen el riesgo de bloqueos vía mociones y con esto un potencial archivo.
Así, dijo, el mejor camino era el de la consulta de constitucionalidad, que requería de la votación del expediente en primer debate; tal y como sucedió esta tarde con el apoyo de 40 diputados y el rechazo de uno (Pedro Muñoz, PUSC).
Difícil
El proyecto de ley ya había sido votado en primer debate en diciembre anterior; sin embargo, se retrotrajo para esclarecer cuándo iniciaría la restricción (2024) y a quiénes iría dirigida.
Precisamente en ese ejercicio fue que se adicionó la moción que hoy adversa el TSE sobre la posibilidad que se abre para algunos funcionarios de mantenerse en cargos populares más allá de los dos periodos establecidos (8 años).
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El proyecto, que ha sido señalado como urgente por el propio Gobierno, tomó notoriedad luego de que estallara el caso Diamante; que denunció presuntos hechos de corrupción en al menos cinco municipalidades del país relacionados con la obra pública.
La iniciativa establece que los alcaldes que ya han sido reelectos en al menos una oportunidad no podrán volver a postular su nombre ni para ese ni para ningún puesto municipal durante los siguientes ocho años.
De esa forma, según los diputados, se acabarían las históricas relaciones de poder que existen entre ciertos funcionarios y las municipalidades; con mandatos que han durado más de 20 años.
El proyecto se irá en las próximas horas a consulta constitucional y serán entonces los magistrados los que decidan si tiene futuro o no para la actual legislatura; que finaliza labores en mayo próximo.
Con información de Teletica
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