El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicitaron este jueves a la Asamblea Legislativa, aprobar una reforma que impida a los extranjeros con antecedentes penales en Costa Rica, naturalizarse a través del matrimonio.
La Ley de Opciones y Naturalizaciones permite otorgar la nacionalidad a quienes contraigan matrimonio con un costarricense, siempre y cuando estos no hayan sido sentenciados fuera del territorio nacional por:
- agitación social, política o religiosa (único que aplica condena en el país)
- estafa
- robo
- incendio
- falsificación de moneda o de títulos de crédito
- otros de igual o mayor gravedad, según el código costarricense
De igual manera, exceptúa a quienes hayan sido vinculados con el narcotráfico, así como a los provenientes de naciones en guerra con Costa Rica. La Policía Internacional (Interpol) emite alertas a la Sección de Opciones y Naturalizaciones del TSE, con información sobre los aspirantes a la nacionalidad costarricense.
Sin embargo se llegó a detectar que una parte de los interesados en naturalizarse no tenían antecedentes fuera del país, sino más bien en territorio costarricense.
El director del OIJ, Wálter Espinoza, estableció contacto con el Registro Civil, para determinar por qué motivo se concedía la nacionalidad a quienes resultaban condenados en el país. Así se encontró un vacío en la legislación actual: la excepción por la comisión de delitos no está homologada.
Nueva excepción
La preocupación de Espinoza y del jefe de la Sección de Opciones y Naturalizaciones del TSE, Germán Rojas, llegó al despacho del diputado Gustavo Viales. Este, también presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, impulsa el proyecto de Ley para impedir que personas extranjeras con antecedentes penales obtengan la naturalización.
La iniciativa tiene un único artículo, que propone incorporar a las excepciones dispuestas en el artículo 15 de la Ley de Opciones y Naturalizaciones, el siguiente inciso:
«CUANDO LA PERSONA SOLICITANTE HA SIDO CONDENADA EN EL SISTEMA DE JUSTICIA NACIONAL O EXTRANJERO POR LA COMISIÓN DE UN HECHO PUNIBLE DOLOSO O POR DELITOS CON PENAS SUPERIORES A TRES AÑOS O MÁS, SEGÚN LOS DELITOS ESTABLECIDOS EN NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO O EN LAS LEYES ESPECIALES PARA TALES DELINCUENCIAS».
Asimismo se establece que para los gestionantes que tengan procesos judiciales pendientes dentro y fuera de Costa Rica, se proceda a suspender el trámite de la naturalización, hasta que se cuente con una sentencia en firme respectiva.
«Evidentemente está investida de aspectos de seguridad porque es una noticia común y un hecho notorio que prácticamente no requiere prueba, que muchas personas que actúan al margen de la ley, optan por la posibilidad de adquirir nuestra nacionalidad o la de otro país, para escapar de la acción de la justicia, para evitar extradiciones, para legalizar su situación en el país y entonces, de alguna u otra manera, generar impunidad; sobre todo cuando hablamos de redes criminales que actúan en el ámbito de la transnacionalidad», explicó el jerarca durante su exposición en el Congreso.
Extranjeros en el narco
El lunes pasado en conferencia de prensa, Espinoza criticó la vulnerabilidad del sistema de naturalizaciones costarricense. El OIJ realizó 20 allanamientos y desarticuló a una banda que traficaba cocaína y marihuana desde Colombia. En las diligencias se logró la captura de cinco ciudadanos colombianos.
Como parte de la investigación, se determinó que dos de los sudamericanos detenidos habían contraído matrimonio con una pareja de nacionales. Así regularon su estado migratorio en el país, de acuerdo con el Director.
Como ese caso, de naturalizados involucrados en delitos o con pasados policiales, se presentaron otros 1.831 entre julio de 2011 y noviembre de 2019.
La Sección de Opciones y Naturalizaciones en cambio detectó, mediante un muestreo de más de 80.000 expedientes realizados entre 2001 y 2018, 72 oportunidades en los que se otorgó la nacionalidad a una persona condenada en el país.
A setiembre del 2019, se realizaron 2.324 naturalizaciones, de las cuales «unas 10», según Rojas, se dieron a extranjeros sentenciados a nivel nacional.
¿Y los refugiados?
Tanto Viales como Espinoza, aseguraron que la normativa no afecta las regulaciones para solicitantes de asilo. Los diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC), Paola Vega y Enrique Sánchez, consultaron por el posible impacto a esta población migrante.
Ante las dudas en los parlamentarios oficialistas, el verdiblanco se comprometió a incluir una aclaración, que separara de la reforma los casos de refugiados.
«Aquí no estamos hablando ni legislando, y si hay que aclararlo yo me apunto, y soy el primero que lo hago, para dejar absolutamente claro, y lo digo aquí en actas, para que sirva en el espíritu del legislador: no estamos hablando absolutamente nada que tenga que ver con refugiados ni con otras categorías migratorias», enfatizó Viales.
