¿Podría irse Uber de Costa Rica? Esa es la pregunta que se hacen miles de usuarios de la plataforma tecnológica de transporte en Costa Rica, después de que Colombia decidió prohibir su operación a partir del 31 de enero.
En caso de que Uber sea invitado a salir del territorio nacional -después de cuatro años de operación-, el país se arriesga a enfrentar una demanda y un arbitraje internacional que costaría millones de dólares solo en su defensa, sin contar con el resultado del panel que designe la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Y es que Costa Rica mantiene un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos desde el 2007, el cual defiende la operación de empresas de ese país en territorio nacional.
De hecho, esta es la situación a la que se enfrenta Colombia después de que la Superintendencia de Industria y Comercio le cerrara las puertas, medida que Uber califica como arbitraria y contraria al ordenamiento jurídico.
A criterio de Mauricio París, socio de la firma legal ECIJA Costa Rica, las obligaciones contenidas para Colombia en el TLC con los Estados Unidos son prácticamente idénticas a las que contiene el CAFTA, por lo que, como se ha venido advirtiendo, Costa Rica se expone a un arbitraje de inversión con un riesgo significativo de terminar siendo condenada por irrespetar sus obligaciones comerciales internacionales.
El peligro también lo reconoce Roberto Thompson, diputado de Liberación Nacional y presidente de la Comisión de Económicos, quien señala que “uno podría pensar que la empresa tiene fundamento”, por lo que es necesario aprobar una regulación cuanto antes.
Después de casi cinco años de operación en Costa Rica, bajo el estatus de ilegalidad –según las autoridades del Tránsito– los representantes de la empresa estadounidense urgen la creación de legislación que regule su operación en suelo nacional, donde ya contabilizan casi 1 millón de usuarios y 28 mil socios conductores
Por su parte, los diputados no han podido avanzar con el proyecto de ley que regularía a Uber y a otras plataformas de movilidad colaborativa desde diciembre, ya que el Gobierno de Carlos Alvarado no ha convocado la iniciativa a debate.
Al estar en las sesiones extraordinarias del Congreso -hasta finales de abril-, es el mandatario quien establece la agenda de discusión en Cuesta de Moras.
Sin embargo, para los diputados como Pablo Heriberto Abarca del PUSC, es sano que no se esté debatiendo el plan, ya que el Poder Ejecutivo no tiene una línea clara al respecto, lo cual afectaría las posibilidades de contar con una legislación moderna y adecuada.
El legislador se refiere a que anteriormente la Comisión de Económicos pasó más de un año discutiendo un proyecto que presentó el Gobierno y que, finalmente, fue rechazado por ser inviable.
Ante esta situación, los diputados presentaron un nuevo texto de trabajo que se encuentra estancado.
