El Ministerio de Salud de Costa Rica comunicó que el número de personas fallecidas por intoxicación tras ingerir licor adulterado con metanol aumentó a veintitrés, lo más triste de esta historia es que esas víctimas pudieron haberse salvado si hubiese existido un código de trazabilidad para las bebidas alcohólicas.
Para prevenir que tragedias similares no se vuelvan a repetir, resulta imperativo que el país implemente cuanto antes un sistema de trazabilidad que permita rastrear los productos a lo largo del proceso de producción y comercialización.
Es absurdo que hasta hoy el estado no haya adoptado estos sistemas de lectura óptica para atacar el problema desde su raíz. Debido a la falta de controles, la situación que estamos enfrentando se puede repetir en cualquier momento con productos que se pueden alterar o contaminar, como en el caso de los medicamentos. Es verdaderamente incomprensible que las autoridades competentes no hayan adoptado sistemas de trazabilidad para contrarrestar la criminalidad.
«Como parte de la Asociación lamentamos las muertes ocurridas por la ingesta de alcohol modificado, tiempo atrás presentamos varios textos a los señores diputados y salió el expediente que ahora está en la corriente legislativa. Es un tema de gran importancia y preocupación», expresó el miembro de la Junta Directiva de la ANAI, el alcalde Nixon Ureña.
«Por acuerdo de Junta Directiva de la ANAI aprobamos combatir y luchar contra las irregularidades que encontramos en nuestros cantones y una de ellas es la adulteración y el contrabando. Eso se ha venido convirtiendo en un problema social en las comunidades y por eso nos acercamos a la Asamblea Legislativa y realizamos algunas propuestas concretas, de ese proceso nace el proyecto 20.961», sintetizó Ureña.
Ureña manifestó que «hablamos de un mercado de 43 mil millones de colones que es lo que recauda Hacienda en este momento, un 60% está siendo evadido, a través del régimen municipal estamos buscando un instrumento que nos vuelva más eficientes a la hora de enfrentar este tipo de problemática social en la que vivimos ahora».
Esta ley faculta a los policías municipales a participar en los decomisos en los diferentes establecimientos de cada cantón. Por otro lado, el Ministerio de Hacienda establecería una tecnología de registro en las bebidas alcohólicas nacionales e internacionales mediante un dispositivo tecnológico de trazabilidad que permitan una clara identificación.
La tecnología permitirá verificar el origen del licor, si ingresa al país de la manera correcta y si fue modificado durante el trayecto. Los oficiales municipales podrían llegar al sitio a realizar escaneos de las botellas y eso nos daría la certeza si hay adulteración, modificación o contrabando de licor y proceder en base a la ley.
La iniciativa también permite a los inspectores municipales hacer controles en establecimientos comerciales sin necesidad de exámenes de laboratorio. La ausencia de esos mecanismos de control, expone a los centros comerciales a cierres provisionales por 15 días naturales e incluso de forma definitiva, así como la cancelación de patentes y licencias, según indica la propuesta.
Estudios destacados por la empresa Euromonitor International, indican que, por año en Costa Rica, ingresa 100.000 cajas de licor de contrabando con pérdidas de más de $40 millones anuales.
En el drama que viven muchas familias costarricenses, los diputados apuran el paso para la aprobación del proyecto de ley 20.961 que pretende incluir dispositivos tecnológicos de trazabilidad a bebidas alcohólicas que ingresen al país, así como los producidos a nivel local, con tal de diferenciarlos del licor adulterado.
Los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos dictaminaron afirmativamente una iniciativa que da facultad a los policías o inspectores municipales para clausurar y sancionar los establecimientos que vendan bebidas alcohólicas adulteradas y les permitiría cierres provisionales o permanentes en caso de reiteración.
La Policía de Control Fiscal capacitará a los funcionarios municipales para ejercer sus nuevas prerrogativas. En el proyecto de ley se le ordena al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Economía crear un mecanismo tecnológico de identificación y registro de licores nacionales y extranjeros para evitar la imitación o contrabando de bebidas alcohólicas.
El informe emitido el 1 de febrero del presente año por el Departamento de Servicios Técnicos señaló que para convertirse en Ley de la República, requerirá de 38 votos en el Plenario. El proyecto goza de buen ambiente legislativo, por lo tanto, se espera de negociar las mociones para modificar el texto en el mismo Plenario, para evitar que el proyecto regrese a Comisión.
La iniciativa cuenta con el respaldo de la Asociación Nacional del Alcaldías e Intendencias (ANAI) y la Policía de Control Fiscal. Irving Malespín, director del cuerpo, manifestó la urgencia de aprobar dicho proyecto de ley, pese a que ya esta práctica se está dando con los productos provenientes del Depósito Libre de Golfito.
«En la zona sur se decomisan constantemente: botellas de licor, cigarros, joyería, medicamentos y ropa, ingresados al país de forma ilícita y evadiendo los respectivos impuestos. Las pérdidas rondan, los 2 millones 770 mil colones el minuto, 166 millones de colones la hora, 3.990 millones de colones el día y 166 millones de colones la hora, por cada evasión, cifras del Ministerio de Hacienda revelan que la evasión fiscal deja pérdidas diarias al país de un 4,6% en total del producto interno bruto, lo que equivale a 3.990 millones de colones», señaló.
Para Ureña, este instrumento ofrecerá a las autoridades aduanales los instrumentos «idóneos para combatir este flagelo del contrabando y enfrentar con los dispositivos adecuados la criminalidad y la problemática social, económica y humana que estamos dramáticamente viviendo».
