Hace 17 años Hugo Chávez tomó una medida con la que empezó a labrar el terreno para dominar a sus anchas la ya inflacionaria economía venezolana: decretó un control de precios. “Hemos tomado medidas que no les gustan a los neoliberales, pero como no tenemos compromisos y para defender al pueblo hemos establecido un control de cambios y ahora le seguirá un control de precios”, dijo el 26 de enero de 2003 el entonces presidente durante un discurso en la Asamblea Legislativa de Rio Grande do Sul, en la ciudad brasileña de Porto Alegre, donde se llevaba a cabo el Foro Social Mundial.
El 6 de febrero de 2003, un día después de que impusiera un férreo control cambiario que ha provocado la destrucción del bolívar, corrupción, cierre de empresas e hiperinflación, el gobierno chavista anunció que los precios de 45 bienes y siete servicios declarados de “primera necesidad” serían regulados.
El 11 de febrero de 2003, el Ministerio publicó en la Gaceta Oficial Nro. 37.629 la lista de los precios regulados de 106 presentaciones de alimentos y 63 de productos de higiene personal y limpieza del hogar que debían mantenerse congelados.
“Tendremos que instalar un sistema nacional integral, pleno y nacional, de distribución de alimentos y medicinas para que no haya escasez”, expresó Chávez.
Ese fue el inicio de un nuevo capítulo en la historia del control de precios en Venezuela en el que las palabras inflación, escasez, empobrecimiento, control, ataques a la propiedad privada y crecimiento del mercado negro están escritas en sus largas páginas.
Desde el año 2003 Chávez derogó y promulgó nuevas leyes, supuestamente para proteger a los consumidores, política que continuó su heredero Nicolás Maduro. Algunas de las empresas que estuvieron bajo la lupa del gobierno fueron: Pepsi-Cola, Coca-Cola, Alimentos Nestlé, Heinz, Johnson & Johnson y Alimentos Polar. Según Lorenzo Mendoza, presidente de esta última, solo en 2011 las instalaciones de la compañía fueron inspeccionadas por funcionarios del gobierno 2.200 veces.
Con Maduro los efectos del control de precios empezaron a ser realmente evidentes en los establecimientos. Cuando asumió la Presidencia en el año 2013 al país ya se le estaba pasando la borrachera que atravesó durante el boom petrolero desde 2002. Antes, el gobierno de Chávez utilizaba los millones de dólares que ingresaban al país gracias a los elevados precios del barril de petróleo para hacer grandes importaciones que por mucho tiempo mantuvieron abarrotados las tiendas.
A partir de 2014 los ingresos del Estado, que dependen mayormente de la venta de petróleo, empezaron a disminuir como consecuencia de la caída tanto de los precios del barril como del bombeo de crudo, y dejaron de ser suficientes para continuar con esas exorbitantes compras en el exterior. El tamaño de la industria nacional seguía reduciéndose, lo que impidió al sector productor satisfacer la demanda. Se agotaban las divisas y se comenzaron a ver espacios vacíos en los anaqueles; incluso pasillos completamente desabastecidos.
Frente a este panorama, en 2014 Maduro reformó la Ley de Costos y Precios Justos promulgada por Chávez en 2011. Con la nueva Ley Orgánica de Precios Justos el gobierno estableció un margen máximo de ganancia de 30% para cualquier actor de la cadena de comercialización. Además, sustituyó la Superintendencia Nacional de Costos y Precios (Sundecop) –que tenía la potestad de “ejercer la regulación, administración, supervisión, inspección, control y sanciones por parte del Estado a los agentes económicos”– por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), un organismo adscrito al Ministerio de Comercio que se ha encargado más de reprimir que de vigilar el cumplimiento de las normas, y cuyas actuaciones fueron responsables de fuertes episodios de escasez.
